El Gobierno y la oposición se enfrentan por el control y la legitimidad del Tribunal Constitucional polaco.
La pugna por el Tribunal Constitucional polaco ha abierto una confrontación entre el Gobierno de Donald Tusk y la oposición nacionalista. Cientos de simpatizantes de Ley y Justicia (PiS) se congregaron ante la sede de Varsovia. La protesta se produjo después de que una magistrada suspendiera durante un mes al presidente del órgano, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto. Tres personas fueron detenidas al intentar entrar.
Tusk presenta estas medidas como un paso para restablecer el Estado de derecho. PiS, por el contrario, las califica de toma forzosa de una institución. El presidente Karol Nawrocki, afín a esa formación, interrumpió un viaje a Senegal y regresó a Polonia para convocar consultas urgentes. También se duda de que la jueza que asumió la dirección tuviera competencias para hacerlo.
El conflicto se remonta a 2015, cuando el Parlamento saliente designó a cinco magistrados, pese a que solo tres nombramientos eran válidos. La posterior mayoría de PiS volvió a cubrir incluso esos puestos y promovió reformas que, según sus detractores, erosionaron la autonomía judicial. En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que el Constitucional no era independiente.
Desde que regresó al Gobierno en 2023, Tusk rechaza la legitimidad del tribunal actual. Este año, la mayoría parlamentaria eligió a ocho jueces, pero Nawrocki no tomó juramento a cinco y Swieczkowski les impidió ejercer. La crisis plantea dos dilemas: quién integra legítimamente el órgano y si el relevo de su cúpula se ajusta a la ley. A las puertas de las elecciones parlamentarias del próximo año, prolongar el pulso puede agudizar aún más la división política.
Basado en: Caolán Magee, Al Jazeera